El concepto de “izquierda compatible” se refiere a las corrientes de izquierda reformistas, como la social democracia o el llamado “progresismo”, que operan dentro del sistema capitalista. En Chile se expresa a través de organizaciones como el Frente Amplio y el Partido Comunista, pero, a la vez, de organizaciones extraparlamentarias que pululan en el interior de la legalidad burguesa. Se caracteriza por buscar reformas consensuadas con la burguesía sin romper con el sistema, utilizando para esto la etiqueta de “democracia”. En su esencia es una izquierda antimarxista y antirrevolucionaria que es “compatible” con el capitalismo.
Tras la caída del bloque soviético en 1989, la década de los 90 abrió un nuevo y enorme mercado al mundo capitalista, pero también consolidó cambios políticos e ideológicos que se venían gestando desde la década de los 70. Durante los años 90, en los grandes medios de comunicación y en las universidades solo se oía hablar del “fin de la historia”, a consecuencia del famoso artículo de Francis Fukuyama, y sus derivados apocalípticos del “fin de las ideologías” y el “fin del trabajo”. No se paraba de debatir en torno a otros temas como la “globalización”, el “pensamiento único”, la “crisis del Estado de bienestar”, la clonación de células humanas y las promesas que ofrecía la “revolución digital”.
El origen del término es particularmente revelador. Fue acuñado por estrategas de la CIA para describir y promover a sectores de “izquierda” que, aunque parecían críticos, en la práctica eran inofensivos para los intereses tanto del imperio como de sus propias burguesías.
El nombre refleja su función principal: ser una izquierda “compatible” con el orden capitalista, que no representa una amenaza real para el poder. Estos sectores actúan dentro de los límites permitidos por el capitalismo y suelen desviar la lucha de los sectores populares hacia metas que no cuestionan las bases del sistema.
Esta “izquierda” comparte las siguientes características:
– Renuncia a la lucha anticapitalista y se adapta a las reglas del libre mercado, priorizando reformas graduales dentro del mismo sistema.
– Rechazo al socialismo: adopta posturas anticomunistas y ataca las experiencias históricas de construcción socialista en países como Cuba.
– Su eje político se desplaza de la “lucha de clases” a la “lucha identitaria”. El sujeto político ya no es el obrero o los pobres de la ciudad y el campo, sino las minorías (étnicas, de género, sexuales). A menudo privilegia debates culturales o identitarios, desplazando la lucha de clases como eje central de su acción política.
– Su principal campo de acción es la política electoral e institucional, condenando la movilización y la lucha popular.
– No cuestiona la propiedad privada de los grandes medios de producción. Busca un “capitalismo con rostro humano” a través de regulaciones y políticas supuestamente de bienestar, pero sin tocar los centros del poder económico.
– Desarrolla una fuerte confianza en las instituciones internacionales y las ONG como motores del cambio, en lugar de la movilización popular. Dado que sus políticas no amenazan la acumulación de capital, este tipo de izquierda resulta “patrocinable” por grandes corporaciones tecnológicas, fondos de inversión y sectores financieros que ven en la estabilidad social y la diversidad un buen clima para los negocios.
Izquierda compatible y represión
La defensa del sistema capitalista adquiere en esta “izquierda compatible” su aspecto más turbio. En lo que respecta a la represión de las luchas populares y de las organizaciones revolucionarias. En este sentido estos sectores, lejos de ser una aliada de los movimientos populares como se tratan de presentar, son una bisagra institucional cuya función principal es desmovilizar, contener y, en casos extremos, reprimir a las bases populares cuando estas desbordan los límites que aquella considera “seguros” para el orden establecido.
Es importante señalar que este debate es viejo. Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht y numerosos militantes de la Liga Espartaco fueron asesinados el 15 de enero de 1919 en Berlín por miembros de los Freikorps (paramilitares de derecha), bajo el consentimiento y la responsabilidad política del gobierno provisional del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD). Los lideres socialdemócratas Friedrich Ebert y Gustav Noskebuscaron aplastar el levantamiento espartaquista para instaurarla República de Weimar, eliminando a la izquierda revolucionaria.
La izquierda “compatible” sufre siempre una transformación radical al pasar de la oposición al gobierno. Mientras en la campaña electoral se presenta como la “hermana” de los movimientos sociales, en el ejercicio del poder adopta los marcos legales y coercitivos del Estado capitalista. Así lo hizo el Frente Amplio de Boric manteniendo durante los cuatro años de su gobierno el estado de excepción en el Wallmapu, consiste en la militarización y despliegue de las Fuerzas Armadas para apoyar labores policiales, autorizado recurrentemente por el Gobierno. La razón de fondo es estructural: para ser “compatible” con los poderes económicos (el gran capital, el FMI, los mercados), este tipo de gobierno necesita garantizar gobernabilidad. Cuando una lucha popular (un corte de ruta, una toma de empresa, una protesta por autonomía) amenaza esa gobernabilidad o pone en riesgo los “equilibrios fiscales”, la respuesta suele ser la misma que la de un gobierno conservador: la criminalización y la represión.
La “represión” ejercida por esta supuesta izquierda no siempre es explícita o violenta, sino que suele operar a través de mecanismos más sutiles, pero igualmente efectivos: Uno de estos mecanismos es la Institucionalización cooptadora. Se “absorbe “a los líderes populares dándoles cargos burocráticos o puestos en el Estado. Al convertir a los dirigentes en funcionarios, se intenta descabezar al movimiento social. El nombramiento de dirigentes sindicales o de movimientos de tierra como secretarios de Estado provoca que, muchas veces, estos pierdan su capacidad de lucha.
Se utilizan las leyes (muchas veces heredadas de dictaduras o gobiernos neoliberales) para perseguir la protesta social. Se acusa a los manifestantes de “terrorismo”, “daño al orden público” o “bloqueo de vías estratégicas”. Uso de fuerzas especiales (como la Gendarmería o la Policía Militarizada) para desalojar ocupaciones de tierras o cortes de ruta por parte de comunidades mapuche, tomas de terreno o movimientos poblacionales.
Se fomenta la división entre “luchas legítimas” y “vandalismo”. El gobierno se presenta como el árbitro que apoya la protesta “pacífica”, pero autoriza la represión contra los “infiltrados” o los “violentos”, fragmentando la unidad de los manifestantes. Durante los estallidos sociales, estos gobiernos corren a aprobar leyes de “seguridad interior” más estrictas o declarar estados de excepción para acotar el conflicto.
La represión no es solo física. La imposición de techos degasto público, metas de inflación y ajustes fiscales que limitan salarios o desfinancian servicios públicos son formas de “disciplinamiento” para la clase trabajadora. El congelamiento de paritarias o reformas previsionales impulsadas por quienes generan huelgas.
Finalmente, la instalación de la delación en nombre de la estabilidad social y la “democracia” convierte a muchos militantes de esas organizaciones en instrumentos activos de la represión.
El eje de la crítica se resume en la siguiente idea: la izquierda compatible tolera las luchas populares siempre y cuando sean “dóciles”; es decir, mientras se limiten a marchar detrás de las consignas del gobierno o a presionar dentro delos márgenes institucionales(elecciones, lobbies).Sin embargo, cuando los movimientos populares ejercen autonomía cuando deciden por sí mismos, fuera del aparato estatal, el ritmo de la protesta, los métodos (cortes, tomas) y las demandas—, la izquierda compatible los trata con la misma dureza que la derecha.
La represión ejercida por la izquierda compatible no es una contradicción accidental, sino una función estructural. Al asumir el rol de administradores del capitalismo, estos gobiernos internalizan la lógica de que “no puede haber dos poderes”. Siel poder real de las corporaciones y los mercados no puede ser tocado, el único poder que puede ser disciplinado es el de la calle. Por lo tanto, la “izquierda compatible” actúa como un tapón de seguridad: su discurso progresista despolitiza y fragmenta a las mayorías, mientras que su aparato represivo (legal y policial) se activa para neutralizar cualquier intento de cuestionar la estructura de fondo del sistema económico. En definitiva, desde esta visión, la izquierda compatible no es la expresión política de las luchas populares, sino su principal contención institucional en la era del capitalismo neoliberal.
Las políticas que está empezando a instalar el actual gobierno de ultraderecha de José Antonio Kast verán nuevamente a esta izquierda compatible tratar de canalizar el descontento social hacia los marcos de la institucionalidad del sistema para mantener ad aeternum (por la eternidad) los fundamentos de opresión y explotación de la sociedad capitalista. Los sectores revolucionarios deben rechazar todo tipo de alianzas con estos sectores y convocar a una confrontación directa con el sistema.
